El matrimonio formado por los guatemaltecos Nery y Maura Martínez, ambos de 54 años de edad, fueron condenados a seis y tres años de prisión, respectivamente, luego de ser encontrados culpables de someter a sus propios familiares a trabajos forzados en varios negocios ubicados en el Norte de California.

Luego de cumplir su condena, permanecerán tres años en libertad condicional. Además deberán resarcir con US$300,000.00 a sus víctimas y pagarle una multa adicional al gobierno por US$25,000.00.

De acuerdo a la Fiscal Kristen Clarke, los acusados trajeron con engaños a una madre y sus dos hijas menores, la tres también de origen guatemalteco. Sin embargo, usaron tácticas intimidatorias y mentiras para retenerlas y obligarlas a trabajan sin recibir el pago por sus servicios.

Maura y Nery Martínez son propietarios de un restaurante de comida mexicana y una empresa de limpieza en Shasta Lake, California.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicó que la madre guatemalteca frecuentemente era humillada frente a sus dos hijas, (ambos menores de edad), y le advertían que que de no pagar la deuda que aparentemente tenía con sus victimarios, terminaría en la cárcel. Además se estableció que eran obligadas a comer las sobras de la comida, y tanto la madre, como sus hijas, fueron separadas para evitar que se fugaran. 

Los abusos contra una madre
guatemalteca y sus hijas

En las investigaciones judiciales se encontró que las víctimas vivían en una casa móvil en ruinas, propiedad del matrimonio Martínez, donde no tenían acceso a calefacción, ni a aire acondicionado, como tampoco a agua potable. Las menores no asistían a la escuela, mientras eran obligadas a trabajar. Además, Nery Martínez las sometía a castigos físicos, llegándolas a golpear con un palo en el que escribió los apodos que le puso a las niñas y la frase «Lo que sube tiene que caer».

La Fiscalía resaltó que «los acusados explotaron la vulnerabilidad de la víctima y de sus hijas, incluyendo su estatus migratorio, su falta de educación y por no hablar inglés».

 Las niñas no acudían a la escuela y tenían que trabajar para ellos, porque les advertían que en la calle las podían arrestar agentes de ICE, señala la acusación.

“Los acusados explotaron la vulnerabilidad de la víctima y de sus hijas, incluyendo su estatus migratorio, su falta de educación y por no hablar inglés”, indica la Fiscalía. Los hechos tuvieron lugar entre septiembre de 2016 a febrero de 2018.

Las humillaciones frente a otras personas y los golpes también eran parte del esquema de esclavitud, que ocurrió entre septiembre de 2016 y febrero de 2018.