El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firma hoy las dos primeras órdenes ejecutivas en las que busca frenar el flujo de inmigrantes indocumentados por la frontera Sur, a través de la construcción de un muro en esa zona, además de construir más centros de detención, más recursos para la Patrulla Fronteriza y detener los préstamos federales a ciudades que protegen los derechos de las personas indocumentadas, conocidas como «Ciudades Santuarios».

El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, justificó estas medidas bajo la idea de mejorar la seguridad interna y fronteriza. Además, calificó como una obra de sentido la construcción del muro, que serivirá para detener el tráfico de drogas, los crímenes y el paso de indocumentados.

«De una u otra manera, México pagará por el muro», destacó Spicer, sin entrar en detalles de la manera en que esto se conseguirá, aunque indicó que será uno de los temas que Trump tratará con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, la próxima semana.

Respecto a la construcción de más centros de detención en el Sur de los Estados Unidos, el funcionario señaló que es una manera más barata para detener y deportar a los indocumentados a sus países de origen. Tampoco se continuará con la orden emitida por la administración de Barack Obama de «atrapar y soltar», pues pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos estadounidentes, añadió.

En la otra orden ejecutiva, se manda la restauración del polémico programa de «Comunidades Seguras» el cual ordena a los Departamentos de Policía local a colaborar con ICE para detectar a detenidos que no tengan permiso para vivir en los Estados Unidos y someterlos a procesos de deportación.

El golpe más fuerte en esta segunda orden ejecutiva es contra la llamadas «Ciudades Santuario», pues ya no recibirán más préstamos federales, por ser refugio de indocumentados. Varias ciudades de California, como Los Ángeles, San Francisco, San José, Santa Ana, entre otras, se han declarado a sí mismas «Ciudades Santuarios», por lo que habrá que esperar para conocer si las mismas mantendrán sus medidas y ordenanzas en favor de sus residentes indocumentados o las revertirán en un futuro próximo.