Las redes que trafican con personas en Guatemala logran ingresos aproximados de US$500 millones de dólares anuales, declaró ayer el Presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de la República de Guatemala, Paul Briere, durante una visita oficial al Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California.

La visita del legislador fue para rendir un homenaje a la comunidad inmigrante guatemalteca radicada en los Estados Unidos de América, a través de una placa conmemorativa en la que se reconoce los aportes de estos guatemaltecos, en especial a quienes fallecieron en su intento por llegar a territorio estadounidense.

Consultado sobre las acciones que tomará el Organismo Legislativo para frenar la ola de niños inmigrantes no acompañados, Briere informó que ya fue presentada una iniciativa de ley de su autoría denominada «Ley para Castigar el Tráfico de Personas», en la cual se establecen penas de cárcel para los «coyotes» o traficantes de personas. Resaltó que la penalización será mayor para quienes trafiquen con menores de edad, mujeres embarazadas o cualquiera de grupos vulnerables.

La iniciativa ordena fortalecer las instituciones del Estado guatemalteco involucradas en el tema, pues actualmente carecen de la capacidad para enfrentar la problemática.

El Presidente de la Comisión del Migrante reconoció que Guatemala tampoco está preparada para recibir una eventual deportación masiva de menores. «Actualmente podemos recibir unos 200 niños por semana, pero esperamos que en realidad se deporten mil semanalmente. Eso podría ocurrir a partir de Octubre próximo, si no hay cambios en las leyes migratorias estadounidenses», añadió.

Coyotes con decenas
de propiedades en Occidente

Otro aspecto que cabe resaltar es que se propondrá modificaciones a la «Ley de Extensión de Dominio» para que las propiedades adquiridas por las mafias de «coyotes» a través de sus negocios ilícitos sean confiscadas y las fondos que se obtengan se inviertan en programas de apoyo a los guatemaltecos deportados.

Breire denunció que en el altiplano de Guatemala, los «coyotes» poseen unas 300 casas que les han sido arrebatadas a «clientes» que no han podido pagar las deudas que contrajeron a cambio de ser transportados de manera indocumentada hasta los Estados Unidos de América.

Ante esta situación, dentro de otros cambios a la «Ley de Extensión de Dominio» se propondrá que estos inmuebles les sean devueltos a sus dueños.

No obstante, para alcanzar la aprobación de la iniciativa de ley propuesta por el diputado Paul Breire, el camino está complicado, debido a los retrasos en la agenda legislativa del Congreso de Guatemala. Por otro lado, señaló que no han habido acciones concretas por parte del Ejecutivo para frenar el éxodo de menores guatemaltecos. Calificó de una reacción ante la crisis, pero carecen de acciones preventivas.