La semana anterior fue una de las más activas y caóticas de los últimos tiempos para la comunidad inmigrante guatemalteca, específicamente para quienes residen en el Condado de Los Ángeles, quienes se vieron envueltos, sin querer, en momentos de tensión, protestas y cansancio, al acudir a tramitar su Documento de Identificación Personal, DPI, el cual sería procesado y emitido por el Registro Nacional de Personas, RENAP, cuyo equipo, apenas compuesto por su Director Ejecutivo y cinco funcionarios operativos, llegaron para atender al grupo de guatemaltecos más grande en número que viven fuera de Guatemala y que asciende a aproximadamente 800 mil personas.

Desde las primeras horas del 24 de Enero, la falta de organización fue evidente, cuando únicamente una persona del RENAP se dedicaba a tomar los nombres de los solicitantes, atender dudas y brindar información, mientras el número de solicitantes iba en aumento. Apenas una hora antes de iniciar oficialmente la atención al público, un grupo de líderes comunitarios logra ingresar a la Sede del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, para protestar por lo que consideran un abuso del Gobierno chapín, al fijar el valor del DPI en US$50.00 en el extranjero, ya que en territorio guatemalteco es de Q85.00.

No obstante, a pesar de que los manifestantes abogaban a favor de la comunidad para que se redujera el precio, éstos no fueron recibidos positivamente, al contrario, la rechifla y gritos en contra de ellos no se hicieron esperar por parte de compatriotas que llevaban horas de espera para ser atendidos, en una sala repleta de gente, donde niños, mujeres embarazadas y ancianos se mostraban cansados. Luego de la presencia de la Policía y el diálogo iniciado por el Cónsul General, Pablo García Saénz, la protesta se trasladó a las afueras del lugar.

Lejos de desanimarse, los compatriotas continuaron llegando al Consulado para tramitar su DPI, a tal punto, que el sábado, eran las 8 horas y la fila, compuesta por alrededor de mil chapines, ya abarcaba varios metros a la redonda del sector angelino conocido como Koreatown, por la alta concentración de vecinos y negocios de origen coreano.

Mientras funcionarios consulares explicaban a las personas que deberían regresar al día siguiente para ser atendidos, de acuerdo con versiones oficiales, la mayoría entendió y aceptó la medida. Sin embargo, un grupo decidió quedarse y protestar, intentaron entrar a la fuerza al Consulado, además de enfrentarse a una representación vecinal de personas coreanas que les pedían mantener limpias las calles de su vecindario. La tensión fue en aumento nuevamente, por lo que de nuevo hubo intervención policial y  el proceso para solicitar el DPI fue cancelado hasta nuevo aviso. Versiones de lectores llegadas de manera privada a La Voz del Inmigrante negaron los hechos, al asegurar que fueron engañados el viernes y el sábado, pues se les negó el servicio. Aseguran haber sido citados a las 6 de la mañana, pero el servicio empezó cinco horas más tarde. Manifestaron su descontento porque además esperaron en la calle, bajo la lluvia y perdieron días de trabajo.

Instituciones guatemaltecas
desconocen realidad del inmigrante chapín

Los hechos arriba citados ponen al descubierto lo alejadas que están las instituciones gubernamentales de la realidad del inmigrante guatemalteco al presentarse, posiblemente con buenas intenciones para brindar un servicio, pero desconociendo las necesidades, circunstancias y obstáculos que cada uno de los compatriotas enfrenta día a día en los Estados Unidos de América. Presentarse únicamente con 5 personas, sin ni siquiera una caja de seguridad para resguardar los fondos obtenidos, funcionarios que trabajaron toda la noche para atender a 800 connacionales provenientes de distintas regiones del Condado de Los Ángeles e incluso de otros Estados aledaños a California y que luego de unas horas de sueño, debían procesar la información de otras mil personas que los esperaban desde tempranas horas, demuestra que quienes toman las decisiones en Guatemala mandan a sus subalternos a «la batalla» con poca preparación a lo que deberán enfrentar.

El caso del RENAP en Los Ángeles desvela la distancia, no solo geográfica, sino antropológica que existe entre las instituciones

creadas para velar por el inmigrante guatemalteco que reside en el exterior, pero cuyas bases y funcionarios están en Guatemala, lejos de la realidad del chapín que viven en cualquier otro país del mundo.

El Director Ejecutivo del RENAP, Rudy Gallardo, reconoció las deficiencias de la institución que él representa desde hace 6 meses, pero cuya creación viene de 5 años atrás. Elementos como la falta de planificación estatal, desorganización, desconocimiento de la importancia de la identificación biométrica y del registro, además de una pobre asignación de recursos financieros, son los problemas de nacimiento de la institución, destacó.

Los frentes abiertos del Registro Nacional de Personas en Guatemala son muchos. En territorio nacional, el último escándalo lo constituye la demanda judicial iniciada por el Señor Francisco Pedro Francisco, originario de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, quien solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) que se certifique lo que corresponda contra la registradora civil, Glendy Figueroa, por solicitar que se cambie el nombre para poder obtener el Documento Único de Identificación (DPI). (Siglo 21, 1-24-12: http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/01/24/acusa-renap-discriminacion-racial).

Mientras en los Estados Unidos, el RENAP recibió su «bautizo» y a base de ensayo y error, aprendieron que la realidad del inmigrante guatemalteco en esta Nación es diferente, por lo tanto, aunque siguen siendo ciudadanos guatemaltecos, con los mismos derechos y responsabilidades, para la próxima deberán adaptarse a las circunstancias de éstos, buscar acercamientos con la comunidad para lograr que sus buenas intenciones sean llevadas a la realidad.

El trabajo poco visible
de la Comisión de Atención al Migrante

Los líderes comunitarios que protestaron por el alto precio del DPI en el extranjero deben estar conscientes que el RENAP tiene un directorio que toma decisiones y que el mismo está compuesto por representantes del Tribunal Supremo Electoral; del Ministerio de Gobernación, y del Congreso de la República de Guatemala. Y es en el Organismo Legislativo donde funciona una Comisión de Atención al Migrante, que hasta el momento no ha logrado hacer valer sus buenos oficios para cumplir sus funciones. Mientras que el diputado Felipe Alejos, quien la preside, únicamente se ha mostrado en contra del precio del valor del DPI fuera de Guatemala, se desconoce si sus palabras han pasado a los hechos. El funcionario y sus metas y planes de trabajo son desconocidos para la mayoría de compatriotas inmigrantes, paradójicamente el grupo para el cual se supone trabaja.

Otro hecho que si se le conoce, son las cartas en las que solicita que se elija a quienes por ley, desde el año pasado deberían ocupar el puesto en la Secretaría Ejecutiva de CONAMIGUA, tanto Titular como Suplente. Al parecer, ninguna de las misivas que ha enviado al Presidente del Congreso, Pedro Muadi, y a sus colegas parlamentarios ha tenido eco. Mientras tanto, Alejandra Gordillo continúa al frente del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA.

CONAMIGUA, institución con buenas intenciones,
pero alejada de la realidad

La Directora de CONAMIGUA es de quien más se conoce en los Estados Unidos de América, por su constante presencia en actividades en pro de los inmigrantes, sus esfuerzos por poner en marcha diferentes programas que los beneficien, así como sus abiertos enfrentamientos personales y profesionales con líderes comunitarios y con algunos Asesores de CONAMIGUA en la Unión Americana, quienes no ocultan su animadversión por la persona que es la cabeza de su grupo de trabajo.

Gracias a sus continúas visitas y comunicación constante con algunos aliados, se esperaría que Gordillo conozca más los hechos que acontecen diariamente en el país del Norte, pero sus últimas declaraciones en el Programa Diálogo Libre del matutino impreso Prensa Libre, del pasado lunes 21 de Enero y publicadas por el mismo matutino, demuestran lo contrario.

Al responder la  pregunta relacionada con la posibilidad de alcanzar una reforma migratoria en Estados Unidos, la funcionaria opinó: «El momento para aprobar una reforma migratoria fue el año pasado (2012). Ahora ya se hizo la elección (re-elección del Presidente Barack Obama). Obama está comenzando -otro período- con problemas fiscales muy fuertes, lastimosamente, porque sí necesitamos una reforma migratoria. Puede ver el programa completo y leer la entrevista en el siguiente enlace:

http://prensalibre.com.gt/noticias/migrantes/Ahora-TPS-escenario-dificil_0_851914828.html

Mientras tanto, de vuelta a  territorio estadounidense, el Presidente reelecto, Barack Obama, se prepara para anunciar, el próximo martes 29 de Enero, en la Ciudad de Las Vegas, Nevada, los planes que tiene para lograr la legalización de los indocumentados. (http://noticias.univision.com/inmigracion/reforma-migratoria/article/2013-01-25/obama-y-senado-redactan-reforma-migratoria#axzz2JCcMOgEv).

Este contraste de realidades pone al descubierto el desconocimiento de los hechos, nuevamente la distancia geográfica que existe entre los funcionarios que viven y trabajan en Guatemala, no les permite estar al día con los nuevos hechos que acontecen diariamente fuera de las fronteras patrias. Al buscar «reforma migratoria en Estados Unidos», el buscador «Google» ofrece más de un millón de entradas con información actualizada sobre el tema y accesible a través de una computadora con servicio de internet desde cualquier lugar del mundo, inclusive Guatemala.

Líderes comunitarios
necesitan más apoyo

Se esperaría que los líderes de grupos organizados de guatemaltecos, quienes llevan muchos años de residir y trabajar en los Estados Unidos de América, contaran con más apoyo por parte de la comunidad. Pero lo ocurrido el pasado jueves bota al suelo esa posibilidad. A pesar que quienes se manifestaron ese día buscaban un beneficio a favor de sus connacionales que tramitaban en ese momento el DPI, éstos no vieron con buenos ojos sus intenciones, o el mensaje no les llegó, pues los vieron como una amenaza, más que como una fortaleza.

En las distintas Sedes Consulares existen las denominadas Mesas Comunitarias de Trabajo de Guatemala, MCTG, compuestas por líderes y miembros de agrupaciones debidamente constituídas y registradas antes sus Consulados respectivos. Para ello, han debido cumplir con los requisitos acordados por ellos mismos, en cuanto a número de integrantes, voz y voto de los miembros, agendas de trabajo, entre otros detalles.

En Los Ángeles, se reúnen cada dos semanas, los días jueves, en la Sede del Consulado General en esta ciudad. Esta MCTG ha colaborado en diferentes causas, por ejemplo, en situaciones de emergencia por desastres naturales ocurridos en Guatemala, han sido de los primeros en organizarse y realizar actividades para recolectar fondos y ayuda en beneficio de los afectados. Lo mismo ofrecen su apoyo a quienes atraviesan problemas por medio de sus respectivas organizaciones comunitarias.

Pero su mensaje no parece llegar a todos los oídos, de lo contrario, la fría y adversa recepción de la que fueron sujetos durante los hechos ocurridos el 24 de Enero, a las 13 horas, en el Consulado, no habría ocurrido. Los líderes comunitarios han sido los primeros en protestar y accionar contra lo que consideran un alto precio para pagar por obtener el DPI, pero sus coterráneos no los vieron así, les voltearon la espalda e incluso se enfrentaron contra ellos verbalmente.

«Si la vida te da limones, haz limonada» reza el refrán. Tal vez sea el momento para los líderes comunitarios de dejar las rivalidades y problemas entre grupos por un lado y unirse. Desde hace cuatro años, existe un «divorcio» entre los Asesores Titulares y  Suplentes electos de CONAMIGUA, el cual alcanza hasta a la Secretaria Ejecutiva, Alejandra Gordillo. La realidad es notoria, a pesar de sus esfuerzos, el mensaje no llega a la población por la que tanto trabajan y sacrifican tiempo y recursos.

Finalmente, el escenario de todos estos acontecimientos es la sede del Consulado General de Los Ángeles, el cual funciona desde hace varios años con limitados recursos de personal y financieros. Sus funciones son múltiples, desde servir de intermediarios para quienes buscan tramitar pasaportes. Brindar información y asesoría, incluso asistir legalmente a quienes son detenidos por diferentes causas. Servir de interlocutor entre grupos comunitarios. Y cada vez que al Gobierno de Guatemala programa una nueva actividad proyectada a los inmigrantes, la responsabilidad recae en el Consulado, cuyos funcionarios deben realizar distintas funciones, algunas alejadas de sus tareas prioritarias, en detrimento de su calidad de trabajo y por ende, afectando a los guatemaltecos.